Entre los días 26, 27 y 28 de junio se llevó a cabo la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Medellín, Colombia. Participaron 34 países y acudieron más de 1.500 invitados internacionales. Durante esos tres días se desarrolló una extensa agenda, formal y esperada, que incluía la presentación de 15 proyectos de resoluciones para ser debatidos y aprobados, discusiones en temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la equidad y el progreso social regional, la estabilidad política, la situación de los derechos humanos y la cooperación para el desminado humanitario en Colombia, la lucha contra la corrupción, y, por supuesto, las crisis migratorias de Nicaragua y Venezuela. También se conmemoraron los 15 años de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA) y los 60 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además se incluyeron algunos eventos complementarios, como un encuentro con la sociedad civil, otros sobre juventud, negocios y empresa privada.

Hasta ahí todo normal y previsible. Lo realmente sorprendente y lo que más expectativa había generado, no era ni siquiera el interés de varios países por desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela (ante lo cual Uruguay rechazó la presencia de una delegación del autoproclamado presidente, Juan Guaidó en la Asamblea), era el tratamiento que recibiría la propuesta enviada dos meses atrás por el gobierno de Colombia en representación de cinco países, para limitar las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el resultado de la votación para elegir a los nuevos comisionados.

Que Colombia oficiara como país anfitrión de la Asamblea General, por tercera vez en su historia (la última vez fue en 2008) no le garantizó el triunfo al gobierno Duque en un nuevo e innecesario pulso político. Por un lado pretendía limitar el alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo un llamado a garantizar la “autonomía de los Estados” y a considerar “las realidades políticas y sociales de los mismos», como afirmó en la misiva suscrita por los gobiernos de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, los más conservadores del continente. Y por el otro, intentaba introducir un ‘Caballo de Troya’ como artimaña destinada a minar la CIDH desde su interior. Ambas iniciativas, que en realidad eran dos estrategias con intereses ocultos, fracasaron para fortuna de los pueblos del continente.

Maureén Maya S.