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01 noviembre, 2016
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Chilenos reclaman el fin de las AFP
Las expresiones en las calles de la mayoría de las ciudades y los sondeos de opinión coinciden como pocas veces: los chilenos piden el fin del sistema de pensiones manejado por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Una movilización de cientos de miles de personas en Santiago y otras ciudades del país realizada el 21 de agosto duplicó en convocatoria una jornada similar del mes anterior. El movimiento No+AFP estimó que un millón de personas ganaron las calles en forma pacífica en 50 ciudades y 250 municipalidades.
El sistema impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet obliga a los ciudadanos chilenos a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades financieras privadas (las llamadas AFP) que, al final del ciclo activo de los aportantes, liquidan las pensiones.
Un estudio de la Fundación Sol, que declara no recibir aportes de ningún sector, señala que el 90,75% de los jubilados en Chile recibe pensiones inferiores a 233 dólares, casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país. El trabajo asegura que ese monto representa entre un tercio y un 50% de los ingresos que recibían los actuales jubilados durante su vida laboral.
Las AFP manejan fondos de inversión equivalentes a un 69% del PIB y han reportado durante los últimos 20 años una rentabilidad anual promedio de 26,3% sobre su patrimonio. El negocio de la “seguridad social” entregó a estas compañías ingresos de 1.558 millones de pesos (más de 2,3 millones de dólares) por día durante 2015. El mismo año –señala la Fundación Sol– 45 miembros de los directorios de las AFP recibieron una remuneración anual promedio de 63.246.300 pesos (95 mil dólares). La organización concluye que durante los primeros diez meses de 2015 las AFP aumentaron sus ganancias en un 71,4% gracias a los ahorros de los jubilados chilenos, que en mayo pasado superaron los 171 mil millones de dólares, suma puesta a disposición de entidades financieras que lo reinvierten en empresas chilenas.
“La edad efectiva de jubilación promedia los 67 años para las mujeres y 68,4 años para los hombres, lo que equivale a siete y 3,4 años sobre la edad legal de retiro”, señala el informe elaborado tras la primera movilización del 23 de julio. Agrega que “estos datos se sitúan en un contexto en que el endeudamiento anual de los hogares equivale a un 63,4% de sus ingresos brutos, en un mundo del trabajo donde el 48% de las personas ocupadas se emplea en la economía informal y la mitad de los/as trabajadores/as gana 305 mil pesos (458 dólares) o menos”.
El coordinador del movimiento ciudadano No+AFP, Luis Mesina, resumió que “la voluntad de la ciudadanía termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición”. Un relevamiento semanal de la consultora Plaza Pública Cadem señaló el 16 de agosto que el 84% de los chilenos está de acuerdo con reformar el sistema privado de pensiones mientras que el 59% acepta la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal.
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Estados Unidos en riesgo de estallido social
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que 46 millones de estadounidenses son pobres, situación que puede generar “tensiones sociales significativas”. La directora del organismo, Christine Lagarde, remarcó que la creciente desigualdad y los altos niveles de pobreza ensombrecen las perspectivas del país. “La pobreza no sólo crea significativas tensiones sociales, también reduce la participación en la fuerza laboral y socava la capacidad para invertir en educación y reducir los resultados en salud”, aseguró.
Si bien elogió el crecimiento anual superior al 2% y una tasa de desempleo menor al 5%, el FMI rebajó sus previsiones económicas de 2,4 a 2,2% para este año, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, la apreciación del dólar y las menores inversiones en el sector energético. Alertó, además, sobre los riesgos de la situación financiera “a mediano plazo”.
Lagarde sostuvo que Estados Unidos debe prestar atención a las “tendencias perniciosas en la distribución del ingreso”. Se refería al aumento de la pobreza y a la caída de los ingresos de los sectores medios a los niveles de la década de 1980. En su informe sobre la economía estadounidense, el FMI insistió en la desigual distribución del ingreso y la alta concentración de la riqueza.
Washington, que suscribe la insostenible tesis de que en Venezuela existe una tragedia humanitaria, tiene a uno de cada siete ciudadanos viviendo en la pobreza. La caída en los ingresos es tan fuerte que el 40% de las personas consideradas pobres trabaja, pero no logra cubrir las necesidades básicas. En Nueva York más de 60 mil personas deambulan durante todo el día sin tener un hogar y duermen en los albergues municipales.
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Colombianos celebran el histórico acuerdo de paz
Un plebiscito definirá el próximo 2 de octubre el acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmado en La Habana. “Ustedes tendrán la última palabra”, dijo a los ciudadanos el presidente Juan Manuel Santos la noche del 24 de agosto, cuando anunció que los negociadores habían llegado al final del proceso inédito que demandó cuatro años. Miles de personas salieron a las calles de Bogotá y otras ciudades para celebrar el acuerdo.
Cuando esta edición iba a imprenta Santos presentaba en el Congreso el texto definitivo del Acuerdo Final y le ponía fecha al plebiscito. El documento ya tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional y el Ejecutivo se aprestaba a publicarlo en los sitios web y en las redes digitales para que todos los colombianos puedan conocerlo.
El documento de 200 páginas fue firmado por los jefes negociadores de las dos delegaciones, Humberto de la Calle (Gobierno) y Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” (Farc). También fue suscripto por los embajadores de los países garantes en el proceso de paz, Cuba y Noruega; por los países acompañantes, Chile y Venezuela; y por la ONU. El acto fue presidido por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Los seis puntos del acuerdo llevan como títulos: reforma rural integral; participación política: apertura democrática para construir la paz; cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; dejación de las armas; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas y mecanismos de implementación y verificación.
Al hablar al país Santos aclaró que el texto de La Habana es “definitivo e inmodificable”, ya que se trata de “un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado” con la guerrilla. Pidió “garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal”. “Los antiguos miembros de las Farc –ya sin armas– podrán acceder a la vida política del país, en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”, detalló.
Como parte del proceso de transición, mientras se entregan las armas y se dan los primeros pasos en el cumplimiento del acuerdo, la guerrilla desarmada tendrá voceros en el Congreso colombiano, con voz pero sin voto, hasta 2018.
La recolección y almacenamiento de las armas se hará en los sitios ya acordados (campamentos y zonas especiales) en tres fases a los 90, 120 y 150 días de la firma de la paz. El proceso será fiscalizado por personal de la ONU y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Santos señaló que el nuevo actor político participará en las elecciones de 2018 y tendrá asegurada una “representación mínima” en el Congreso por dos periodos legislativos aunque no lograse el piso electoral mínimo.
Iván Márquez afirmó que el acuerdo de paz significa haber ganado “la más hermosa de todas las batallas”, que abrirá paso al “debate de las ideas”. El jefe guerrillero deseó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo rebelde del país que comenzó recientemente una negociación similar, “pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz sea con creces”. Del otro lado, De la Calle reafirmó que “la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las Farc es el fin del conflicto armado”. “La guerra ha terminado”, anunció.
A lo largo de más de 50 años la violencia armada en Colombia dejó más de 220 mil muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados. En el balance no sólo se incluyen las Farc y las fuerzas del Estado colombiano, sino también otros grupos armados como los paramilitares y grupos narcotraficantes.
Los ex presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) y Andrés Pastrana (1998-2002) anunciaron que pedirán a los ciudadanos que rechacen el acuerdo. Varios funcionarios de gobierno, incluido el vicepresidente Germán Vargas Lleras, se muestran dubitativos sobre la aceptación de este acuerdo, al que siempre se opuso la extrema derecha. Para que el acuerdo de paz sea aprobado el Sí debe obtener al menos 4,4 millones de votos (13% del padrón electoral).