Denuncian saqueo de bienes de Pdvsa en Argentina
Varias fuentes periodísticas tanto de Argentina y de Venezuela afirman que se produjo el cierre forzado de las operaciones de la empresa Petrolera del Conosur S. A. (PCSA), una sociedad de propiedad del Estado venezolano controlada por PDVSA América, filial continental de PDVSA en la región.
La denuncia se sustenta en una serie de hechos ocurridos en Argentina desde comienzos de este año, el más grave de ellos en el puerto de Dock Sud, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires donde el Estado venezolano tiene una planta.
En marzo pasado las autoridades de la terminal desalojaron el predio que ocupaba la planta de almacenamiento y distribución de combustibles para atender la red de alrededor de 70 estaciones de servicio en todo el país, señalan los informes.
El pasado 23 de marzo, diversas instancias del gobierno argentino han concretado un conjunto de acciones coercitivas y unilaterales contra Venezuela, que han comprometido las operaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en ese país, señala el digital Misión Verdad.
El portal recuerda que PCSA fue fundada en tiempos de actividad expansiva de PDVSA durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y que actualmente es parte de las compañías venezolanas que, en el extranjero, están siendo objeto de sanciones, presiones, saqueos y actos previos a su congelamiento, inhabilitación o confiscación de facto.
Misión Verdad cita fuentes según las cuales, desde el mes de enero, las cuentas bancarias de PDVSA América y sus empresas, entre ellas PCSA, han sido cerradas por bancos argentinos.
La maniobra ocurre al apegarse a las acciones ordenadas desde el Departamento del Tesoro estadounidense y a las peticiones que la «representante de Juan Guaidó» en Argentina, Elisa Trotta Gamus, ha venido exigiendo.
En consecuencia, al verse inhabilitadas las posibilidades de uso de los servicios bancarios, desde el mes de febrero las operaciones de PCSA se han ido a pique, afirma Misión Verdad.
El motivo del desalojo de Dock Sud, señalan las fuentes, es la imposibilidad de pagar el arrendamiento de la instalación portuaria donde está apostada la planta de combustibles. La deuda acumulando es de 35 mil dólares, afirman.
Más recientemente, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires -donde se asienta el puerto- que encabeza la macrista María Eugenia Vidal violentó los candados, ingresó a las instalaciones e impidió el ingreso de personal.
Agrega el portal que la planta de PCSA había aletargado sus operaciones en los últimos meses y se habían generado serias dificultades para el pago de personal desde el mes de febrero.
Todo esto, consecuencia de la imposibilidad de hacer efectivas las transacciones por el congelamiento de cuentas que las autoridades argentinas ordenaron sobre estas empresas.
El sitio digital razona que a expensas de la deuda de 35 mil dólares, las autoridades del puerto comprometen activos de PCSA calculados en casi 200 mil dólares, un hecho que puede considerarse un robo a los activos soberanos de Venezuela.
Fuentes indicaron a Misión Verdad que, previo a estos eventos, Elisa Trotta Gamus, ex empleada de la administración pública argentina y ahora «Embajadora» del gobierno de Guaidó, se había comunicado con las entidades bancarias relacionadas con PCSA para instarles a cerrar las cuentas bancarias de esa empresa, solicitándoles apegarse a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Varias de estas entidades accedieron a ello, pues también se plegaron a la posición del gobierno de Mauricio Macri, el cual reconoce a las «autoridades» impuestas por el golpista Juan Guaidó.
Misión Verdad también tuvo acceso a una comunicación que fuera redactada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), ente adscrito al gobierno central argentino.
La UIF, mediante oficio fechado en enero de este año, estableció una medida de «Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculados al Gobierno Ilegítimo de Venezuela».
Agrega el portal que dicha orden dirigida a todos los sujetos de derecho en Argentina, infiere el desarrollo de una cacería de brujas, o el seguimiento de toda operación de personas jurídicas en ese país, con personas, empresas e instituciones venezolanas bajo la dirección del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La comunicación de la UIF advierte, textual, sobre «los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública, o empresa de propiedad, o bajo el control del Estado venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional».
La instrucción del Centro de Información Financiera -una instancia punitiva y reguladora en ese país- constituye un ultimátum que justifica el cierre de cuentas bancarias de PSCA y de PDVSA América en Argentina por parte de los bancos argentinos, factor causal del impago y ahora desalojo de la planta de combustibles.
La misma fuente periodística afirma que el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, había ejecutado previamente la acción de suprimir a la filial estatal venezolana PSCA del registro de empresas petroleras.
Esta medida, acorde a una decisión de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de Argentina, había complicado la capacidad de maniobra de PSCA en suelo argentino.
Ello reviste en una acción de inhabilitación jurídica, como hecho relevante de boicot a PDVSA en ese país, agrega Misión Verdad, para luego contextualizar que situaciones como la que se registra en Argentina se replica en otros países cuyos gobiernos están alineados con Estados Unidos en su afán de ahogar la economía venezolana.
Artículo original: GOBIERNO ARGENTINO INICIA OPERACIÓN DE SAQUEO A BIENES DE PDVSA EN ESE PAÍS