Histórico pedido de perdón del Estado chileno al pueblo mapuche
“Quiero pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos”, dijo la presidenta de Chile Michelle Bachelet. Por primera vez el Estado chileno asumió sus responsabilidades frente a los padecimientos de las comunidades.
A seis meses de dejar el Gobierno, la mandataria encabezó este viernes un acto en el que estuvo representada buena parte del pueblo mapuche que habita mayormente en el sur del país.
Bachelet reconoció “el dolor y las pérdidas que han afectado a todas las demás víctimas de la violencia rural en al región”. Insistió en “pedirles perdón por aquellas veces que como Estado no supimos asegurar la paz ni proteger su integridad”.
El gobierno chileno anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la zona de la Araucanía que contempla un conjunto de medidas para fomentar la participación de los pueblos indígenas, el desarrollo económico y la protección a las víctimas de violencia en la zona.
El programa incluye el destino sostenido en el tiempo de más de 60 millones de dólares anuales para servicios sociales y decretar feriado el Día Nacional de los Pueblos Originarios.
“Este plan es una invitación a todos a cambiar la mirada respecto de la relación del Estado chileno con los pueblos originarios”, promovió Bachelet.
Bachelet destacó que este anuncio estuvo precedido por otras medidas como la consulta especial a los pueblos originarios en el marco del proceso constituyente, la creación de una comisión especial para atender sus demandas y el envío al Congreso de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas.
Propuso oficializar el uso del mapuzungun (lengua originaria del pueblo mapuche) en la región de La Araucanía y anunció su proyecto de ley para declarar feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, que se celebra el 24 de junio, en el inicio del año nuevo indígena.
También anunció que se modificarán las normas del fondo de tierras y se creará un Comité Interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas.
Las obras incluyen inversión hasta 2021 en obras públicas, infraestructura educacional, caminos y obras de agua potable rural, siempre y cuando el Congreso apruebe este proyecto de ley.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, precisó que el Estado destinará anualmente más de 42.000 millones de pesos (unos 63,5 millones de dólares) para este programa de infraestructura.